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Un dictamen del fiscal de Estado Fernando Simón avala la asignación al centro de esquí El Azufre

La Fiscalía de Estado (ombudsman ambiental de Mendoza), que comanda Fernando Simón, elaboró un dictamen por el cual avala la legalidad de la asignación de 12.000 hectáreas de terrenos fiscales que hizo el gobernador Rodolfo Suarez a favor de la firma El Azufre S.A. que proyecta un centro de esquí en Malargüe. Esta decisión ha sido objetada por la oposición, fundamentalmente por el Partido Justicialista.

Según el documento “no existen objeciones jurídicas que formular”, ya que cumple con los requisitos legales y con los fines establecidos en un convenio que firmó la Provincia con la Nación para este tipo de cesiones en 1991, por lo que es “viable” la asignación.

A principios de enero se conocía a través del decreto 2.138 que el gobernador Rodolfo Suarez le asignaba 12.000 hectáreas de terrenos fiscales a la empresa El Azufre S.A para realizar un centro de esquí en el valle homónimo en la cordillera de Malargüe.

Según proyecciones de la firma, con el emprendimiento que se haría en esa zona denominada Potreros de Cordillera se pretende generar unos 1.000 puestos de empleo directo y otros 5.000 indirectos, con una inversión inicial esperada para este año de U$S 88 millones. Esas inversiones crecerían a U$S 250 millones en el 2024, reactivando así la golpeada economía de esa comuna, ya que incluye restoranes, pistas de ski hasta un aeropuerto propio, según consta en el máster plan.

Esos terrenos, ubicados a 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe, le pertenecían a la Nación, pero le transfirió la posesión al Estado mendocino en 1969.

Sin embargo en los últimos días, y con el retorno de la actividad en la Legislatura tras el periodo de vacaciones de varios legisladores, esa concesión quedó en medio de la polémica política, ya que desde la oposición salieron a cuestionarla y exigieron conocer en detalle el porqué esa extensión de tierras, por cuánto tiempo se haría y pidieron conocer también los estudios de impacto ambiental.

De hecho, desde el bloque de senadores del PJ presentaron un pedido de informe para saldar todas esas dudas, que se trataría este martes en la Legislatura.

Leyes y convenios que avalan la adjudicación

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la concesión es legal y que de hecho se basa en la ley 18.575, que dispone como un objetivo del Estado “crear las condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales” en territorios fronterizos, fomentando “la radicación de habitantes argentinos nativos, naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida moralidad”.

Argumentan que la adjudicación se enmarca en el convenio que la Provincia firmó en 1991 -en el Gobierno de José Octavio Bordón-con la Superintendencia Nacional de Fronteras, por el cual Mendoza debía elaborar aquel plan de radicación y debía incluir “la asignación de unidades económicas a pobladores argentinos que estén radicados en la zona, especialmente si han realizado inversiones” y el “mantenimiento de emprendimientos turísticos de ciudadanos argentinos que hayan invertido en la zona”.

Hablar de privatizar tierras es una muestra de un tremendo desconocimiento legal de algunos legisladores como es el caso del senador Ilardo. En aquel convenio que firmaran Mendoza y la Nación en 1991 se habla de darle destino a esas tierras contemplando y reconociendo inversiones preexistentes, y eso es lo que acredita la firma El Azufre, cuyo proyecto generará una gran inversión y una importante generación de empleo. Acá nadie está cediendo nada, es una asignación que cumple con las leyes y con el convenio vigente“, aclaró el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.

En estos puntos también se fundamentó el dictamen de Fiscalía de Estado, en el que se resalta que la firma acreditó “su ocupación preexistente sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los extremos que sostiene la legitimidad de su pretensión por derecho propio”.

Fuente: Diario Uno

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