La comisión que preside Jorge Difonso (FR-UP), comenzó hoy el análisis de esta media sanción del Senado sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que Involucra a las empresas que contraten con el Estado provincial o Municipios y que tiene por objeto fortalecer la transparencia y evitar la corrupción.

Tal como se había anticipado, los integrantes de LAC mantuvieron su reunión habitual por videoconferencia, en la que dieron inicio al estudio de esta propuesta que dispone como requisitos para que las personas jurídicas privadas alcanzadas por la legislación nacional, puedan contratar con cualquier poder, órgano u organismo integrante del Sector Público Provincial o los municipios, el cumplimiento de un Programa de Integridad, en el caso de contratos que se encuentren sometidos al régimen de la Ley de Administración Financiera de la Provincia o regidos por el Decreto Ley Nº 4.416/80 de Obras Públicas y sus modificatorias y por la Ley de Concesión de Obras y Servicios Públicos.

“Estos programas se constituyen en acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de servicios de control, de supervisión, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades o actos ilícitos. Este proyecto apunta, fundamentalmente, a evitar actos de corrupción y fortalecer la transparencia en las contrataciones del Estado”, detalló Difonso.

El Programa de Integridad, deberá contener un código de ética o de conducta; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquiera otra interacción con el sector público y capacitaciones periódicas sobre el programa a directores, administradores y empleados.

Asimismo, podrá incluir el análisis periódico de riesgos; canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y una política de protección de denunciantes contra represalias, entre otros aspectos.

Ayer, referentes de distintas cámaras empresarias de Mendoza solicitaron por nota el “tratamiento, aprobación y sanción” de esta ley, que es una adaptación de la Ley Nacional 27401 a la provincia.

“Nuestro pedido se fundamenta en el convencimiento de que integridad y transparencia no sólo son factores claves para la competitividad de las empresas y sus posibilidades de crecimiento, sino también valores rectores que deben expresarse en criterios objetivos, normas y procedimientos que le den un marco institucional sólido al relacionamiento público-privado, en materia de licitaciones o contrataciones con el Estado provincial”, señalaron en la misiva.

El proyecto en estudio, además de modificar algunos artículos del Código Procesal Penal, dispone que las personas jurídicas privadas alcanzadas deberán presentar al momento de su inscripción o renovación de su inscripción en los Registros correspondientes, una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley Nacional N° 27.401, tales como cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conclusión prevista en el artículo 268 del Código Penal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados.

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